LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA PRACTICA DEL TIRO OLIMPICO (III)

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 LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y EL DEPORTE DEL TIRO

Los poderes públicos deben tener en cuenta que cuan do la Constitución (que no olvidemos que obliga a todos, tanto poderes públicos como ciudadanos) utiliza el término «fomentaran», en el artículo 43, apartado 1, quiere significar la realización de actividades serviciales, estimuladoras y reguladoras, porque lo que es sustancial, no es el medio, sino el fin: el fomento del deporte. La Constitución obliga a los poderes públicos a intervenir en el de porte; la determinación del cuánto y del cómo de esa intervención es otra cosa sobre la que el citado texto legal no se pronuncia. Lo que es auténticamente esencial, es que la intervención pública en el deporte es un imperativo constitucional. En consecuencia, si la Constitución establece un deber de fomento del deporte, por parte de los poderes públicos, está reconociendo un derecho para el ciudadano, puesto que el deber para uno no deja de convertirse en un derecho para el otro, más si convenimos en que el precepto no tiene sólo un valor simbólico, sino que tiene consecuencias jurídicas, tales como el necesario equilibrio entre la actuación del sector público y la intervención del sector privado, basado en una limitación al intervencionismo público, pero sin llegar a una actuación exclusiva del sector privado.

Todos estos conceptos vertidos hasta el momento sobre la obligación de los poderes públicos, intervencionismo en regular u na actividad privada (no olvidemos que las federaciones deportivas son asociaciones privadas, que ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo), y de ese derecho que reporta a los ciudadanos (en concreto a los simpatizantes y practicantes del deporte del tiro olímpico), nos dará la clave de la «desviada» actuación de los poderes públicos con respecto al mandato constitucional, que se ha realizado en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el vigente Reglamento de Armas.

La obligación que reporta el mandato constitucional, a los poderes públicos no les obliga en una sola parcela del actuar del Gobierno, como puede ser en materia deportiva, su obligación ilustra todo su actuar. Así resulta que a la hora de regular las licencias de armas para la tenencia y uso deportivo en el Capítulo VI del Reglamento de Armas, en el artículo 129, establece quien tiene derecho a solicitar la licencia tipo F, remitiéndose a la normativa deportiva, en cuanto a la habilitación que debe adquirir quien desee practicar el tiro olímpico. Cuando el Reglamento se refiere a los ciudadanos que estén habilitados debemos convenir que lo hace a los poseedores de la licencia deportiva.

Si toda la regulación hubiera quedado aquí, no ocurriría nada, por cuanto que, con la remisión a las normas deportivas, serían estas las que ponderarían la capacidad para la participación en actividades y competiciones de la federación y de los clubes, pero resulta que toda la regulación que se formaliza a partir del artículo 130 del Reglamento de Armas denota ese afá n intervencionista de la Administración, en muchos casos injustificado, que se traduce en una actuación cuyas características son más de «persecución y neg ación» que de «prevención y restricción», siendo estos dos últimos conceptos los que deben ilustrar el actuar de los poderes públicos, conforme con la Ley Orgánica 4 /2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ya que, de utilizar los primeros conceptos, estaríamos incumpliendo la obligación de fomentar el deporte, en concreto el deporte del tiro olímpico.

Llegamos a la conclusión de que, más que restringir como hace el artículo 129 del Reglamento, el artículo 130 niega el acceso a tener la correspondiente licencia de armas de tipo F, chocando frontalmente con lo establecido en su día con artículo 7, apartado B, de Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, cuando se refiere a «la obligatoriedad de licencia o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo». Y en este mismo sentido la Ley Orgánica actual 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en nada ha cambiado con un redactado similar en el artículo 29, apartado 1 letra b). Por supuesto chocando con el artículo 43, apartado 3, de la Constitución, ya que la redacción del Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993, en cuanto armas de concurso, no ha tenido en cuenta lo establecido por lo que se refiere a la obligación de fomentar el deporte por parte de los poderes públicos, entre los que se encuentra el Gobierno que aprobó dicho Reglamento, mediante el referido Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

No lejos de un mayor intervencionismo en la actividad de las federaciones, el artículo 132 del Reglamento de Armas establece tres clases de licencias de armas en correlación con las categorías deportivas del tirador. Va más lejos de lo establecido en el artículo 129 de dicho Reglamento, por cuanto que se introduce una regulación que afecta a las normas deportivas y, en consecuencia, al establecerse un número de armas en correlación con las distintas clases, se hace una limitación del acceso a las distintas modalidades que pudieran practicarse. Lo que, además de resultar un cuestionable intervencionismo en la actividad de la federación y de las normas deportivas federativas, no deja de ser un menoscabo de ese derecho de todo ciudadano a practicar un deporte, nacido a partir de la obligación del fomento del deporte. Y, por otra parte, entender dicha regulación como un cumplimiento de la obligación de llevar a cabo, con carácter restrictivo, la concesión de las licencias de armas tipo F, a partir de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992 y la vigente Ley Orgánica 4/2015, d e 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se convierte en una restricción fuera de todo orden en cuanto se refiere a la limitación del número de armas que conlleva la negación del acceso a otras modalidades deportivas.

No resulta en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana el número de armas que pudieran tener los tiradores, por cuanto que, según el artículo 133, apartado 2, letra b), del Reglamento de Armas, deben guardarse en cajas fuertes de sus propios domicilios. Y, por otra parte, el artículo 149, apartado 1, obliga a «llevar las armas por vías y lugares público urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas», quedando claro que el portar un arma en dichas condiciones no resulta en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana, y mucho menos en tiradores, deportistas en consecuencia que tienen una especial pericia y conocimiento de su útil de práctica deportiva.

Por otra parte, la práctica del tiro olímpico, como todas las demás, necesita de unas pequeñas nociones previas, y así las normas internas de cada federación establecen los cursos o actividades de formación, antes de que cualquier deportista pueda incorporarse a la práctica, ya sea en competiciones o en otro tipo de actividades federativas. Nuestro deporte no es ajeno a este sistema de incorporación a la actividad deportiva federada, y debería haber sido más sensible a este proceder la propia regulación dada para armas de concurso en el vigente Reglamento de Armas.

Con todo lo argumentado queda demostrado que la práctica del tiro deportivo en ningún caso resulta un peligro para la seguridad ciudadana, y que el concepto de prevención y restricción, en cuanto a los permisos y las licencias, se ha llevado más lejos de lo que en principio cabría pensar con el Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en desarrollo de la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana, vigente en estos momentos en el marco normativo establecido por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Una normativa la del Reglamento de Armas que, como hemos señalado, olvida los dictados constitucionales en lo que se refiere a la obligación de fomentar el deporte.

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