​LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA PRÁCTICA DEL TIRO OLIMPICO (I) (II) y (III)

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LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA PRÁCTICA DEL TIRO OLIMPICO (I)

INTRODUCCIÓN

Es por ello que con este artículo quiero hacer valer la existencia del deporte del tiro olímpico, en su configuración legal, en cambio en el ámbito social se plantean de forma no entendible y unido a cuestiones al margen del deporte, donde incluso instituciones deportivas, como el propio Comité Olímpico Internacional, en su sede central a orillas del Lago Lemán dentro del parque del mismo nombre, en la ciudad Suiza de Lausana, recoge en la entrada de su sede todos los deportes que están dentro de la Carta Olímpica en litografías, y entre ellas la de tiro olímpico donde se representan a dos tiradores uno con arma larga y otro con arma corta rodeados con palomas de la paz. Me llamó poderosamente la atención por cuanto que esgrima, boxeo, lucha, judo o kárate, deportes todos ellos de combate, no tenían la paloma de la paz. Es por ello el sentido confundido que se le da al tiro olímpico y en especial arma, como útil de práctica deportiva donde ésta no es la que se utiliza en una guerra o es el medio de perpetración de delitos. Son las personas las que realizan dichas fechorías, las armas son solo el medio.

NUESTRA CONSTITUCION

En la mente de todos está plasmada la idea de la serie de ataques que, desde distintos sectores de la sociedad, se realiza sobre la condición de tiradores o en definitiva poseedores de armas, esto es, la mala prensa que afecta a la práctica del tiro deportivo que, en todas sus modalidades incluidas las Olímpicas, ciertamente necesita de una regulación en materia de seguridad con independencia de su regulación dentro del ámbito deportivo.

Sin hacer mención a normativa de orden orgánico y funcional, ya sea federación estatal o autonómica, el tema se puede analizar en nuestro ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución, donde se recogen dos conceptos importantes a la hora de entrar en estudio del tema de fondo.

Por un lado, el concepto de fomento del deporte y la educación física, recogido en el artículo 43, apartado 3, de la Constitución y desarrollado por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que sustituyó a la Ley 13/1980, de 31 de marzo, de la Educación Física y del Deporte, con independencia de las Leyes aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas.

Por otro, la garantía de la seguridad ciudadana, establecida en el artículo 104 de la Constitución, desarrollado en su día por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y hoy con la vigente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, del mismo título, y relacionado con el artículo 149, apartado 1, punto 26, de la Constitución, donde se atribuye a la Administración del Estado la competencia sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, atribución desarrollada la mencionada Ley Orgánica.

¿Está enfrentada la práctica, promoción y fomento del deporte del tiro, con la garantía de la seguridad ciudadana?, ¿comporta un peligro para garantizar la seguridad ciudadana el que, para la práctica deportiva o cualquier actividad que sea deporte, las personas posean armas de concurso conforme a los reglamentos técnicos deportivos?.

La Carta Internacional del deporte, se asienta en unos presupuestos universalmente admitidos en el ámbito científico del deporte, como son los relativos a que, desde el punto de vista psíquico, es una forma de expresar el pensamiento a través de la acción, contribuyendo al desarrollo de la personalidad o que la competición deportiva, desde un punto de vista ético, tiende a fomentar el juego limpio, la lealtad y la disciplina.

Nuestra Constitución, dentro del título I, regulador «de los derechos y deberes fundamentales», dedica el capítulo tercero a «los principios rectores de la política social y económica», entre los que se incluyen la educación física y el deporte, estableciendo el artículo 43, apartado 3, que «los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio».

La Constitución, en su artículo 43, apartado 3, no consagra ciertamente un derecho al deporte, sino que únicamente establece s u fomento público, pero la inclusión del fenómeno del deporte en el texto constitucional no entraña únicamente un significado simbólico, pues origina unas consecuencias jurídicas; el poder constituyente, al comprender la importancia del hecho deportivo en la sociedad moderna y recogerlo así en la norma suprema, ha manifestado su criterio de que el deporte, como las demás instituciones del país, debe empaparse de los principios sustanciales de la Constitución, lo cual ha tenido una importante repercusión dentro del ordenamiento jurídico-deportivo.

El propio Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sentencia de 16 de Junio de 1986, define el tiro olímpico como actividad deportiva que favorece la formación y el desarrollo integral de la persona, quedando evidenciada como actividad deportiva totalmente lícita e incardinada en una federación, presentando una faceta de interés público y social reconocido por Ley. Especificando textualmente que «la práctica del deporte del tiro olímpico favorece la formación física, adiestra deportivamente y permite una actividad recreativa a los socios de una entidad federada del deporte español, y por ende debe calificarse de utilidad pública e interés social...» y, a su vez, señala «la aceptación social predominante del deporte como una actividad con incidencia en la formación de la persona, y en el supuesto de un deporte como el de tiro olímpico, como espectáculo competitivo...».

LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA PRÁCTICA DEL TIRO OLIMPICO (II)

 DEPORTE DEL TIRO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Como puede apreciarse, el deporte y en concreto el deporte del tiro olímpico, como actividad físico-deportiva, recoge unos valores sociales, que difícilmente permiten considerarlo como atentatorio a la seguridad ciudadana. Llegado a este punto, resulta del todo necesario relacionar el concepto del deporte del tiro olímpico, con el concepto de seguridad ciudadana. Es obvio, que el tiro olímpico, como tal actividad de utilidad pública e interés social, no atenta a la seguridad ciudadana, aunque sí, en distintas circunstancias, puedan hacerlo los medios con los que se práctica, en definitiva las armas, como instrumentos mediante el cual se desarrolla la actividad del tiro olímpico. Siendo precisamente la tenencia y uso de armas las que conllevan una regulación preventiva en cuanto a la seguridad ciudadana.

El artículo 104 de la Constitución atribuye la garantía de la seguridad Ciudadana a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entendido el concepto de seguridad ciudadana, en relación con el artículo 149, apartado 1, punto 26 de la Constitución, que atribuye a la Administración del Estado la competencia sobre tenencia y uso de armas. Siendo este artículo 104, apartado 1 de la Constitución heredero del artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, configurando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como un servicio público para la comunidad, especializad o en la presencia y lucha contra la criminalidad, el mantenimiento del orden y la seguridad pública, y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades.

La seguridad ciudadana fue regulada por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, donde en el Capítulo II se establecían las medidas de acción preventiva y vigilancia, regulando en su Sección 1.ª, la competencia de la Administración del Estado en materia de armas y explosivos y, para el caso que nos ocupa, la tenencia y utilización de armas, habilitando a la Administración para que establezca las medidas de control necesario para el cumplimiento de los fines y condiciones. Se establecía en el artículo 7 de la Ley Orgánica la facultad del Gobierno de reglamentar la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo. En el apartado b) de dicho artículo 7, con independencia de tal carácter restrictivo que debe tener la concesión de los permisos y licencias de armas, y especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, se añadía que la concesión de los permisos se limitará a supuestos de estricta necesidad.

Actualmente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en el Capítulo IV (Potestades especiales de policía administrativa de seguridad), prácticamente sigue el mismo camino que laanterior Ley Orgánica de 1992, y en el artículo 29 apartado 1 letra b), establece la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición tendrá carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las cuales la concesión de tales licencias, permisos o autorizaciones se limitará a supuestos de estricta necesidad, teniéndose en cuenta la conducta y antecedentes del interesado.

Al amparo de dicha facultad, la Ley Orgánica de 199 2 fue desarrollada por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, reglamento que, con pequeñas variaciones, sigue vigente bajo el amparo de la vigente Ley de 2015. Se trata del Reglamento de Armas, en el que se recogen todos los requisitos y condiciones para la tenencia y uso de armas, regulación que tiene un carácter preventivo en cuanto a la seguridad ciudadana, y a su vez en la línea de preservar el buen orden social un carácter restrictivo, que en ningún caso se debe convertir en negación de la posibilidad de concesión de los correspondientes permisos.

Como continuación de la disyuntiva existente entre ese derecho a la práctica deportiva de nuestro deporte y la seguridad ciudadana a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, no debemos olvidar que los poderes públicos, término utilizado en general para definir tanto al Gobierno como a la Administración, dentro de la cual están los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en concreto el Cuerpo de la Guardia Civil, que detenta la competencia en materia de armas. Así lo establece la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 28, apartado 2, dejando claro que la intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización .

LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA PRACTICA DEL TIRO OLIMPICO (III)

 LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y EL DEPORTE DEL TIRO

Los poderes públicos deben tener en cuenta que cuan do la Constitución (que no olvidemos que obliga a todos, tanto poderes públicos como ciudadanos) utiliza el término «fomentaran», en el artículo 43, apartado 1, quiere significar la realización de actividades serviciales, estimuladoras y reguladoras, porque lo que es sustancial, no es el medio, sino el fin: el fomento del deporte. La Constitución obliga a los poderes públicos a intervenir en el de porte; la determinación del cuánto y del cómo de esa intervención es otra cosa sobre la que el citado texto legal no se pronuncia. Lo que es auténticamente esencial, es que la intervención pública en el deporte es un imperativo constitucional. En consecuencia, si la Constitución establece un deber de fomento del deporte, por parte de los poderes públicos, está reconociendo un derecho para el ciudadano, puesto que el deber para uno no deja de convertirse en un derecho para el otro, más si convenimos en que el precepto no tiene sólo un valor simbólico, sino que tiene consecuencias jurídicas, tales como el necesario equilibrio entre la actuación del sector público y la intervención del sector privado, basado en una limitación al intervencionismo público, pero sin llegar a una actuación exclusiva del sector privado.

Todos estos conceptos vertidos hasta el momento sobre la obligación de los poderes públicos, intervencionismo en regular u na actividad privada (no olvidemos que las federaciones deportivas son asociaciones privadas, que ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo), y de ese derecho que reporta a los ciudadanos (en concreto a los simpatizantes y practicantes del deporte del tiro olímpico), nos dará la clave de la «desviada» actuación de los poderes públicos con respecto al mandato constitucional, que se ha realizado en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el vigente Reglamento de Armas.

La obligación que reporta el mandato constitucional, a los poderes públicos no les obliga en una sola parcela del actuar del Gobierno, como puede ser en materia deportiva, su obligación ilustra todo su actuar. Así resulta que a la hora de regular las licencias de armas para la tenencia y uso deportivo en el Capítulo VI del Reglamento de Armas, en el artículo 129, establece quien tiene derecho a solicitar la licencia tipo F, remitiéndose a la normativa deportiva, en cuanto a la habilitación que debe adquirir quien desee practicar el tiro olímpico. Cuando el Reglamento se refiere a los ciudadanos que estén habilitados debemos convenir que lo hace a los poseedores de la licencia deportiva.

Si toda la regulación hubiera quedado aquí, no ocurriría nada, por cuanto que, con la remisión a las normas deportivas, serían estas las que ponderarían la capacidad para la participación en actividades y competiciones de la federación y de los clubes, pero resulta que toda la regulación que se formaliza a partir del artículo 130 del Reglamento de Armas denota ese afá n intervencionista de la Administración, en muchos casos injustificado, que se traduce en una actuación cuyas características son más de «persecución y neg ación» que de «prevención y restricción», siendo estos dos últimos conceptos los que deben ilustrar el actuar de los poderes públicos, conforme con la Ley Orgáni ca 4 /2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ya que, de utilizar los primeros conceptos, estaríamos incumpliendo la obligación de fomentar el deporte, en concreto el deporte del tiro olímpico.

Llegamos a la conclusión de que, más que restringir como hace el artículo 129 del Reglamento, el artículo 130 niega el acceso a tener la correspondiente licencia de armas de tipo F, chocando frontalmente con lo establecido en su día con artículo 7, apartado B, de Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, cuando se refiere a «la obligatoriedad de licencia o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo». Y en este mismo sentido la Ley Orgánica actual 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en nada ha cambiado con un redactado similar en el artículo 29, apartado 1 letra b). Por supuesto chocando con el artículo 43, apartado 3, de la Constitución, ya que la redacción del Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993, en cuanto armas de concurso, no ha tenido en cuenta lo establecido por lo que se refiere a la obligación de fomentar el deporte por parte de los poderes públicos, entre los que se encuentra el Gobierno que aprobó dicho Reglamento, mediante el referido Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

No lejos de un mayor intervencionismo en la actividad de las federaciones, el artículo 132 del Reglamento de Armas establece tres clases de licencias de armas en correlación con las categorías deportivas del tirador. Va más lejos de lo establecido en el artículo 129 de dicho Reglamento, por cuanto que se introduce una regulación que afecta a las normas deportivas y, en consecuencia, al establecerse un número de armas en correlación con las distintas clases, se hace una limitación del acceso a las distintas modalidades que pudieran practicarse. Lo que, además de resultar un cuestionable intervencionismo en la actividad de la federación y de las normas deportivas federativas, no deja de ser un menoscabo de ese derecho de todo ciudadano a practicar un deporte, nacido a partir de la obligación del fomento del deporte. Y, por otra parte, entender dicha regulación como un cumplimiento de la obligación de llevar a cabo, con carácter restrictivo, la concesión de las licencias de armas tipo F, a partir de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992 y la vigente Ley Orgánica 4/2015, d e 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se convierte en una restricción fuera de todo orden en cuanto se refiere a la limitación del número de armas que conlleva la negación del acceso a otras modalidades deportivas.

No resulta en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana el número de armas que pudieran tener los tiradores, por cuanto que, según el artículo 133, apartado 2, letra b), del Reglamento de Armas, deben guardarse en cajas fuertes de sus propios domicilios. Y, por otra parte, el artículo 149, apartado 1, obliga a «llevar las armas por vías y lugares público urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas», quedando claro que el portar un arma en dichas condiciones no resulta en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana, y mucho menos en tiradores, deportistas en consecuencia que tienen una especial pericia y conocimiento de su útil de práctica deportiva.

Por otra parte, la práctica del tiro olímpico, como todas las demás, necesita de unas pequeñas nociones previas, y así las normas internas de cada federación establecen los cursos o actividades de formación, antes de que cualquier deportista pueda incorporarse a la práctica, ya sea en competiciones o en otro tipo de actividades federativas. Nuestro deporte no es ajeno a este sistema de incorporación a la actividad deportiva federada, y debería haber sido más sensible a este proceder la propia regulación dada para armas de concurso en el vigente Reglamento de Armas.

Con todo lo argumentado queda demostrado que la práctica del tiro deportivo en ningún caso resulta un peligro para la seguridad ciudadana, y que el concepto de prevención y restricción, en cuanto a los permisos y las licencias, seha llevado más lejos de lo que en principio cabría pensar con el Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en desarrollo de la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana, vigente en estos momentos en el marco normativo establecido por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Una normativa la del Reglamento de Armas que, como hemos señalado, olvida los dictados constitucionales en lo que se refiere a la obligación de fomentar el deporte.

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